Procesades por el fallecido juez Bonadío al participar de una protesta social contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2017, elevó a juicio esta causa que se dará inicio esta próxima semana en su etapa oral. Natalia Pérez de Luján y Hernán Centeno de Escobar luchan por su absolución en una acusación sin fundamentos.
No hay elementos probatorios que den razón a semejante puesta en escena de un juicio oral y público, más cuando la defensa propuso el recurso de probation para evitarlo. Se puede ver la nota donde se desarrollaba este rechazo (aquí)
La totalidad de los testigos son integrantes de las fuerzas policiales y no hay cámaras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que corroboren los dichos por los testigos. Esto es interpretado por las organizaciones sociales como una clara intencionalidad política de amedrentar a los luchadores populares y criminalizar la protesta en tiempos de ajuste y crecimiento de la pobreza en las que se realizaron las marchas.
La estrategia que planteará la defensa es eminentemente política porque no existen razones jurídicas para este juicio. Así lo dice la misma protagonista, Natalia Pérez al ser consultada por este medio.
«Nosotres estábamos yéndonos, a dos o tres cuadras vimos un operativo impresionante y la policía comenzó a detener al voleo. Fuimos 30 personas, a mí me acusaron de pegarle a un policía con la bandera pero no hay registro en ninguna cámara pública ni nada que certifique esa acusación» contó. En la denuncia a Pérez, según explicó, se la señala e identifica «vestida con una ropa distinta a la que tenía en el momento ese». «Lo peor es que hay un testimonio de un policía que me acusa de pegarle, pero no tenemos ni el nombre ni sabemos quién es«, aseguró.
Estos procesamientos no son casos aislados. Debemos situarlos junto a otras causas y juicios de militantes juzgados por formar parte de las masivas manifestaciones que se fueron dando a lo largo de los últimos cuatro años y que significaron una política judicial sistemática y planificada.
