«Son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y a los usuarios», aseguró Alberto Fernández tras anunciar la firma del decreto para iniciar las acciones contra los convenidos otorgados en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
«Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios», señaló el mandatario sobre los convenios firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.
El mandatario hizo el anuncio desde la Casa Rosada, junto al ministro de Obras Púbicas Gabriel Katopodis, quien recibió el encargo de gestionar la nulidad de los contratos ante el fuero contencioso administrativo federal.
«Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso y por el que el Presidente me ha indicado iniciar las acciones legales en los tribunales contenciosos administrativos federales», consignó el ministro, y sostuvo que no hubo «ninguna justificación ni parámetro» para consolidar la deuda a favor de las empresas concesionarias.
«En el transcurso de 2018, el Gobierno de Macri dictó dos decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales, con un conjunto de acciones que, después de un minucioso análisis, establecimos como ‘de vicio’ y que determinan la nulidad absoluta», reseñó.
Ambos decretos tienen por objeto la cancelación de una presunta deuda por un monto por parte del Estado nacional en U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para Ausol y U$S 272.621.570 para GCO).
Así, en las estaciones «Debenedetti» y «Márquez», del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de 1.830 pesos.