OPINION: Escribe Matías Fernández
El gobierno municipal impulsa un presupuesto para el 2019 que nos permite comprender las razones del calamitoso estado de situación de Luján. Uno de los íconos de esta problemática está situada en las localidades. Por ejemplo, la delegación Jáuregui, Pueblo Nuevo, Cortínez tiene un presupuesto anual previsto de 1.768.460 pesos. Si de este monto descontamos gastos en personal y bienes de uso necesarios para el trabajo administrativo, tales como la compra de útiles de escritorio y oficina, repuestos y accesorios, elementos de limpieza, el monto de dinero disponible ya es inferior al millón de pesos. Si seguimos descontando otros conceptos de gastos como alquileres, equipos de computación, reparaciones edilicias, reparación de vehículos y combustible, ya tenemos disponible menos de medio millón de pesos. Si a su vez, buscamos el presupuesto específico para algunas tareas, la desilusión puede ser aún mayor. Para mantenimiento de espacios verdes el presupuesto anual es de 10 mil pesos; para la compra de cemento y cal 4 mil pesos; y para la compra de piedra y arcilla apenas supera los 9 mil pesos.
Otro de los aspectos centrales del presupuesto es la composición de recursos, es decir el dinero que ingresa al municipio por las distintas fuentes de financiamiento. Según las estimaciones del presente año el 60 por ciento de los ingresos serán por fondos coparticipados de Provincia y Nación, mientras que el 40 por ciento serán fondos propios. Sin embargo, la realidad en los últimos años viene siendo otra. Lo que realmente se percibió en 2016, 2017 y 2018 es que en un 70 por ciento, el presupuesto municipal está constituido por fondos de la coparticipación y en un 30 por ciento por fondos municipales. En el 2018, la diferencia entre lo que el municipio pretendía recaudar y finalmente recaudó fue de 108 millones de pesos, casi el 10 por ciento del total del presupuesto anual.
El presupuesto es una guía para la gestión, una herramienta para ordenar las tareas, para establecer prioridades y su conclusión debe ser poder ofrecer más y mejores servicios. En este aspecto, se produce un reparto de fondos por áreas. La Secretaría de salud se lleva el 22,8 por ciento del total e Infraestructura, obras y servicios públicos el 21,9 por ciento. Dos áreas que vienen perdiendo protagonismo y peso en este reparto. El resultado práctico de este recorte está a la vista de todos. La Secretaría de gobierno se lleva el 14 por ciento y en cuarto lugar aparecen los Servicios de la deuda que representa el 13,7 por ciento del presupuesto, desde 2017 este número se ha incrementado en casi un 7 por ciento, siendo una de las grandes alarmas que tendrá que atender el próximo gobierno. La Secretaría de Seguridad y la Secretaría de producción siguen teniendo una participación baja, pasando apenas el 3 por ciento. En relación a políticas sociales, su participación es estable en torno al 7 por ciento.
El gobierno pretende reparar esto aumentando la presión fiscal sobre los que ya pagan, una situación que en una economía en crisis es otro fracaso premeditado.
El año que inició, con las elecciones a cuestas, trae consigo desafíos. Una vez más, es necesario señalar que Luján debe realizar una profunda reforma fiscal para generar recursos sobre conceptos que hoy no se recaudan y no impactarán en el aumento de costo de vida de la población, y se deje de presionar e intimar a los que religiosamente pagan. Un camino hacia una modernización real y el aprovechamiento de nuevas herramientas que existen y están probadas con éxito, tales como el presupuesto para resultados, de manera tal que la planificación anual presupuestaria tenga como primera y principal prioridad, objeto y destinatario el mejoramiento y bienestar de la comunidad.
