La iniciativa apunta a facilitar el acceso a la locación para sectores de menores ingresos, eximiendo de honorarios, tasas e informes a los inquilinos que alquilen por debajo de un tope salarial, además de ofrecer incentivos fiscales para los propietarios.
El Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires presentó formalmente el proyecto de creación del Régimen de Alquiler Social bonaerense, una iniciativa legislativa pensada para descomprimir los pesados gastos iniciales con los que se encuentra un inquilino al momento de firmar un contrato. La propuesta fue entregada y analizada durante una reunión de la cúpula institucional con el diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, perteneciente al bloque Fuerza Patria, con el objetivo de que comience a ser tratada en el ámbito parlamentario provincial.
En relación a la iniciativa, el presidente de la entidad, Luis Colao, explicó que la finalidad principal es «aliviar, a un segmento determinado, las erogaciones que debe afrontar un inquilino al ingresar a un inmueble cuyo monto locativo mensual inicial no supere el sueldo básico de la Categoría 20 por 48 horas de trabajo del empleado de la Administración Pública Provincial (Ley 10.430)».
De acuerdo al articulado detallado por el Colegio de Martilleros, aquellos contratos que queden encuadrados dentro de este régimen especial contarán con un esquema de beneficios y exenciones integrales. En primer lugar, se establece que los honorarios de los martilleros y corredores intervinientes —o de cualquier otro profesional que intervenga en la confección del contrato— no correrán por cuenta del inquilino, sino que serán soportados por los locadores de acuerdo con las escalas arancelarias de cada profesión. A esto se suma que los informes tramitados ante el Registro de la Propiedad Inmueble serán totalmente gratuitos para el locatario, al igual que la revisión del tope de la valuación fiscal para la exención del pago del Impuesto de Sellos.
El esquema también contempla facilidades operativas en relación a los servicios públicos. Para la obtención de las prestaciones, se considerará suficiente la presentación del contrato respectivo con las firmas certificadas por los Juzgados de Paz o, en caso de haber intervenido un profesional, con su firma y sello junto a la certificación del Colegio Profesional, trámites que en todos los casos serán gratuitos para los locatarios. Asimismo, las empresas prestadoras de servicios no podrán cobrar ningún tipo de costo en concepto de conexión, reconexión, depósito, cambio de titularidad u otros cargos para los alquileres alcanzados por el régimen. Como contrapartida para dinamizar la oferta, se creará un régimen especial de incentivo y simplificación fiscal para los propietarios cuyas viviendas reúnan estas características, eximiéndolos del pago de impuestos e invitando a los municipios a adherir mediante la quita de tasas y derechos locales.
Para Colao, el eje central de la propuesta pasa por aplicar un criterio de justicia distributiva: “Hay un concepto que se debe incorporar, como es la segmentación, entendiendo que esta estrategia de dividir en grupos, subgrupos o regiones para asistirlos en forma selectiva implica poner una mirada mucho más justa, sobre todo en una sociedad y una provincia tan vasta y compleja socialmente como la nuestra”.
Por último, el titular de la entidad gremial empresaria aclaró que la intención no es trasladar obligaciones indebidas al sector privado: “Obviamente, no son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado, pero el esfuerzo conjunto del Estado, los propietarios y los profesionales podrá facilitar el ingreso al mercado locativo de los sectores sociales de menores ingresos”.