Con el foco puesto en los cambios normativos recientes, el pasado martes se llevó a cabo en el Espacio de Primera Infancia “Panambí”, ubicado en el barrio San Enrique del vecino partido de General Rodríguez, una charla abierta sobre Responsabilidad Penal Juvenil, centrada en la aplicación de la ley que modifica los marcos de imputabilidad y la intervención estatal en menores.
La disertación estuvo a cargo de la jueza de Garantías del Joven Nº 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, doctora Mirta Guarino, quien brindó un abordaje integral sobre las transformaciones en materia de justicia penal juvenil a nivel provincial y nacional, analizando las principales implicancias de la normativa vigente.
De la jornada participaron referentes provinciales y municipales, entre ellos el intendente local, Mauro García; la inspectora jefa regional, Gabriela Valverde; y la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, Mariana Galván, además de agentes territoriales y trabajadores de la educación.
Durante su exposición, la magistrada remarcó la necesidad de aplicar, leer y cuestionar ideológicamente la problemática, señalando que el sistema atraviesa un momento clave y bisagra. Asimismo, subrayó que aun con los cambios legales vigentes, la Justicia debe priorizar la llamada “justicia restaurativa”, un enfoque que busca reparar el daño a las víctimas y comprometer al infractor mediante el diálogo voluntario para facilitar su reinserción social.
En esa línea, la jueza repasó antecedentes normativos como la histórica Ley Nº 22.278 y su evolución en el tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal, mientras que las autoridades presentes ponderaron también la vigencia de herramientas complementarias como la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Hacia el cierre del encuentro, se puso de relieve la importancia de articular el trabajo entre equipos técnicos especializados en psicología y trabajo social, destacando el rol fundamental de las instituciones educativas y los servicios sociales en la detección temprana de vulnerabilidades y la protección de los derechos de la infancia y la juventud.