Un informe del Partido Justicialista de Luján, elaborado con datos del Banco Central y el CEPA, reveló que la mora bancaria alcanzó un pico histórico y que el pago de tarjetas y préstamos absorbe casi un cuarto del sueldo promedio.
El Partido Justicialista de Luján encendió las alarmas sobre la delicada situación crediticia que atraviesan las familias argentinas. A través de un informe institucional sustentado en estadísticas del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la agrupación política alertó sobre el incremento sostenido en los niveles de morosidad y la progresiva pérdida de capacidad de pago en el presupuesto cotidiano de los hogares.
De acuerdo con el relevamiento presentado, la irregularidad en los compromisos asumidos con entidades bancarias escaló al 12,8% en junio de 2026, lo que representó la décimo novena suba mensual consecutiva del indicador. La dimensión del fenómeno se evidencia al cotejar los datos con octubre de 2024, momento en que la mora se ubicaba en el 2,5%, lo que significa que el nivel de incumplimiento se multiplicó por más de cinco en ese período. Desde la conducción partidaria señalaron además que el saldo de préstamos personales y tarjetas de crédito destinados a cubrir gastos corrientes absorbe en la actualidad un promedio del 24,1% de la masa salarial.
El análisis advierte un escenario aún más complejo fuera del circuito bancario tradicional. En el terreno de las billeteras virtuales y las financieras no bancarias, la tasa de morosidad saltó del 7,3% a un 30,1% en junio, superando incluso las marcas registradas durante la crisis sanitaria del año 2020. A nivel nacional, los registros oficiales arrojan un total de 5,91 millones de personas en situación de morosidad, con un impacto marcadamente generacional: casi el 40% del total corresponde a jóvenes menores de 34 años.
Ante esta coyuntura, la dirigencia del PJ de Luján expresó su preocupación por los cuatro frentes de asfixia que condicionan la economía familiar: el crédito digital, los plásticos bancarios, las financieras privadas y los prestamistas informales. En ese sentido, hicieron un llamado a la implementación urgente de medidas estatales que regulen las elevadas tasas de interés aplicadas en el mercado del crédito digital, con el fin de morigerar el impacto económico sobre los sectores más postergados.