“6 de cada 10 chicos no pueden comer pan»: la dramática advertencia de los panaderos bonaerenses sobre el impacto de la crisis

El Presidente del Centro de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), Martin Pinto, alertó que la caída del consumo llegó a un límite social inaceptable alcanzando un nuevo y preocupante piso social en el alimento más básico de la mesa de las familias argentinas.

«No damos abasto», sentenció Pinto al describir que las estructuras de asistencia comunitaria y estatal están totalmente sobrepasadas. Ante este escenario, los comercios barriales se transformaron en el último sostén: «A pesar de que el panadero se está fundiendo, donamos todos los días un poquito de pan para los comedores, los merenderos y las escuelas. La escuela a veces no llega a darle pan a los chicos, por eso vamos nosotros e intentamos ayudar ahí»

Este colapso social coincide con una crisis comercial sin precedentes, donde el pan funciona como el verdadero termómetro de la economía. El consumo de pan tradicional registró caídas históricas de entre el 50% y el 60%, mientras que los productos de pastelería y facturas sufrieron un desplome de hasta el 80%. En los mostradores, la realidad es desgarradora: los clientes ya no compran por kilo o docena, sino por el dinero exacto que llevan en el bolsillo —pidiendo fracciones mínimas o una sola flauta para racionar en el día—, al tiempo que los jubilados desaparecieron como compradores habituales. Actualmente, ya va más gente por las tardes a pedir los remanentes de producción que a comprar.

Actualmente los costos de producción son inviables: la bolsa de harina trepó de $2.500 a más de $20.000, acompañada por tarifas de luz y gas con subas promedio del 50% en pocos meses. Para subsistir, los establecimientos trabajan a «media máquina», utilizando apenas el 50% de su capacidad instalada.
Esta asfixia económica ya provocó el cierre de unas 2.800 panaderías a nivel general y la pérdida de miles de puestos de trabajo directos Ante la falta de respuestas de la Secretaría de Comercio —que ratificó la política de no intervención y descartó cualquier tipo de subsidio o programa de precios—, los panaderos barriales alertan que la situación llegó a un límite social que ya no se puede sostener.