Argentina, Democracia para siempre

Como cada 10 de diciembre, la convocatoria a encontrarse en la Plaza de los Derechos Humanos en Luján es una cita ineludible para quienes profesan la defensa de la Democracia. 

Minutos más tarde de las 10 de la mañana del sábado, se dio inicio al acto en conmemoración de las 74 años de la Declaración de los Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas y los 39 años de recuperación de nuestra frágil democracia. Y es frágil porque al día de hoy, tanto a nivel local como nacional y hasta latinoamericano, los embates de quienes no quieren el gobierno del pueblo sino de las corporaciones, es cada vez más virulento. Partido Militar Ayer, Partido Judicial hoy son el brazo armado de quienes se creen dueños del mundo y de sus riquezas.

Hacer memoria es tener posibilidad de vivir con dignidad el presente porque permite proyectar un futuro donde los sueños que nos habitan como comunidad sean realidad. Esa utopía es el horizonte que nos permite seguir creyendo en la organización para la transformación de la sociedad.

Luego del PRESENTE  de cada compañero y compañera desaparecido de Luján, se continuó con la lectura del documento elaborado por las distintas organizaciones coordinados por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos.

Un momento muy emotivo se dio cuando jóvenes de la Escuela Secundaria 19 y  acompañados por sus docentes en el proyecto de Jóvenes y Memoria presentaron su trabajo realizado en torno a la vida de cuatro militantes: Graciela Erramuspe, Julio Navarro, Palito  Palazo y Raúl Aguirre. Y la producción final fue una canción que titularon Juventudes Robadas NUNCA MÁS. El estribillo canta: Y un día despertó, en un oscuro tiempo en donde la maldad torturó sus sueños de libertad. Y la interpretaron en la Plaza donde fue pura emoción y lágrimas. Ponemos a disposición el video que produjeron y que pudieron presentar en Chapadmalal en el Encuentro Anual.

Luego de las palabras alusivas de Graciela Rosso y de Leonardo Boto, se descubrió una placa que se repone luego del  robo sucedido en la Plaza. A 30 años de esa imposición, un acto reparatorio para continuar con la memoria hasta que todo se como lo soñamos.

 

El documento completo:

1983 – 2022
A 39 años de la recuperación de la democracia
A 74 años de la declaración universal de los Derechos Humanos

El próximo año se cumplirán 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, luego de 7 largos años de una dictadura cívico militar eclesiástica que a través de la aplicación del terrorismo de estado violó todos y cada uno de los DDHH. Derechos que habían sido declarados en 1948 tras el genocidio perpetrado por el nazismo. Pero aquella Declaración no aseguró su vigencia y su respeto en distintas partes del mundo. En nuestro país, el secuestro, la tortura y la desaparición de 30.000 hombres, mujeres y niñes arrasó con cada derecho, arrasó con la posibilidad de avanzar en la construcción de un país democrático. La dictadura que se impuso a partir del 24 de marzo de 1976 vino a implementar una política económica neoliberal que trajo aparejado el endeudamiento externo, generando la progresiva destrucción de la industria nacional, generando pobreza y exclusión. La utilización de la represión caló en todos los ámbitos de la sociedad. Y como olvidar Malvinas, hoy, a 40 años de aquella guerra usada como recurso para mantener una legitimidad que se diluía. Desgastada, la dictadura comenzó su fin dando paso a la transición democrática. El 10 de diciembre de 1983, tras las elecciones celebradas en octubre, recuperamos la Democracia, que aún mantenemos.

Sin embargo, y tal como también lo manifestamos el año pasado en esta misma fecha, asistimos con preocupación al ascenso de nuevas derechas en distintos puntos del mundo que habitamos, algunas de ellas con rasgos claramente fascistas. Y sobre todo preocupa que comienzan a calar con fuerza en amplias capas de las clases medias y populares. Esos mismos sectores que son sus principales víctimas sociales y económicas. Ya es conocido para nosotres el resultado de la aplicación de políticas económicas neoliberales que van de la mano con un ajuste económico que no hacen más que empobrecer a las y los trabajadores. Estas nuevas derechas no solo buscan la implementación de una política económica de ajuste y achicamiento del estado, sino que se presentan como profundamente antidemocráticas. El clasismo, la instigación al odio, el negacionismo sobre genocidios que han tenido lugar en sus respectivos países, la homofobia, sus posturas antifeministas, el racismo y la xenofobia las caracterizan, poniendo así en riesgo cualquier tipo de convivencia democrática y el respeto por los DDHH.

Sus propias acciones lo demuestran. Acciones que utilizan para desestabilizar a los gobiernos representativos de las clases populares, los mismos que pretenden llevar adelante políticas de inclusión como parte de una histórica lucha contra la injusticia y la discriminación social. Derechas que utilizan distintos instrumentos. Uno de ellos son los discursos de odio, caracterizados por su rechazo a la diversidad, la diferencia o las disidencias. Discursos que simplifican, exageran y/o distorsionan situaciones que tienen por fin construir imágenes siempre negativas sobre un otro construido, que es objeto del odio que pregonan. Odio que recae siempre sobre las y los pobres, las y los actores políticos del campo nacional, popular y progresista, las mujeres y las diversas identidades de género.
Para la difusión de sus mensajes cargados de odio, y muchas veces de mentiras, tienen un rol central los medios de comunicación que son propiedad o representan los intereses del poder económico. Las falsas noticias y la manipulación mediática se han convertido también en instrumentos que atentan contra los consensos democráticos. Esto va de la mano con el intento, a veces logrado, de neutralizar a líderes populares a través de resoluciones político-judiciales conocidas como “lawfare”, es decir, guerra legal. En los últimos años hemos asistido en nuestra Latinoamérica no solo a esta estrategia sino a golpes de estado. En 2009 un golpe desplazó en Honduras al presidente Manuel Zelaya; siguió con los intentos desestabilizadores, que se mantienen hasta hoy, en Venezuela; continuó en 2012 en Paraguay con la destitución de Fernando Lugo. Luego, en 2016, fue encarcelado en Brasil Fernando Lula Da Silva y pocos meses después fue destituida la presidenta electa Dilma Rousseff. En 2017 la justicia de Ecuador dictó una orden de prisión preventiva contra el ex presidente Rafael Correa y en 2019 Evo Morales sufrió un golpe de estado que puso fin a su gobierno. Y en estos días asistimos con preocupación a la situación por la que atraviesa Perú, donde la derecha parlamentaria va ganando terreno. Y Argentina, no es una excepción. Las falsas denuncias por corrupción contra Cristina Fernández, hoy nuestra vicepresidenta, son el recurso utilizado para proscribir a una mujer que sigue representando a las mayorías populares. Así quedó de manifiesto el pasado martes cuando el Tribunal Oral Federal 2 la condenó a 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos con fundamentos que no se sostienen, tal como fue demostrado por la defensa con pruebas contundentes durante el juicio.

La instigación al odio y a la violencia fueron más allá. Como parte de la misma campaña política, judicial y mediática de la cual emergió el fallo, en septiembre pasado asistimos al intento de femi-magnicidio de Cristina, hecho que nos puso en alerta ante el accionar de viejas y nuevas expresiones de la derecha política. Ya dijimos ¡Nunca Más! Y hoy volvemos a reafirmarlo.

Pero las consignas no están solo para declamarlas. Debemos generar acciones concretas en defensa de la Democracia. Por eso celebramos el Encuentro organizado por el Grupo de Puebla que se realizará el próximo lunes con el fin de reflexionar sobre la Democracia, la voluntad popular y las manifestaciones en contra de las mismas por parte de las derechas que hoy ya no actúan de la mano del poder militar, sino que lo hacen a través de sectores ultraconservadores del Poder Judicial.

Poder Judicial, que, en sus más altas esferas, tal como ha quedado lamentablemente demostrado en Argentina y en otros países de nuestra Latinoamérica, no colabora con el fortalecimiento de la Democracia, más bien todo lo contrario. En nuestro país es urgente una reforma del Poder Judicial ante una Corte Suprema de Justicia que representa a los sectores dominantes, obstruyendo con sus fallos medidas de Gobierno como intentó ser la expropiación de Vicentín, conglomerado industrial de productos primarios que constituye uno de los ejes de nuestra economía. En la misma línea, se encuentra la decisión de prorrogar las medidas cautelares a favor de los prestatarios de servicios de telecomunicaciones, entre ellos el Grupo Clarín, desconociendo nuevamente la condición de servicio público esencial establecida por decreto y afectando la vigencia del derecho a la comunicación como un derecho humano. Más recientemente, y como parte de una larga lista de fallos cuestionables, se encuentra el que declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura arrogándose facultades propias del Poder Legislativo y desconociendo así la división de poderes que es uno de los pilares del sistema democrático. Como también lo es el Poder Legislativo, que hoy tiene legisladores de la bancada de Juntos por el Cambio que a través de prácticas violentas y misóginas obturan el tratamiento de diversos proyectos de ley que beneficiarían a amplios sectores de la población, por ejemplo, la creación de nuevas universidades nacionales. Repudiamos el accionar de legisladores como Cristián Ritondo, Fernando Iglesias y Waldo Wolff, entre otros, que, a través de sus gestos y golpes sobre las bancas en la pasada sesión del miércoles 29 de noviembre, dieron muestra de su intolerancia y nulo respeto ante las instituciones democráticas. Misma bancada que solo sabe proponer proyectos de ley que atentan contra los intereses de las mayorías y de los sectores más desprotegidos. Por poner solo un ejemplo, a principios del mes pasado presentaron un proyecto de ley que que contempla la baja de la edad de imputabilidad para menores de 16 a 15 años. Seguir planteando como respuesta la penalización de menores no significa avanzar en la resolución del problema. El problema se resuelve con chicas y chicos incluidos en el sistema, con chicas y chicos en las escuelas, con redes de prevención y contención ante los problemas que sufren nuestras infancias y juventudes. Y para ello el Estado debe estar presente, presente siempre. Y sabemos que para quienes hoy se presentan como oposición el Estado debe “achicarse”, no debe “gastar”, ideas y fórmulas que venimos escuchando, y que padecimos, en nuestro pasado más reciente con las políticas neoliberales de los años ’90 y que fueron repetidas y puestas en práctica durante la gestión del macrismo. Misma gestión que no solo recortó el presupuesto en áreas claves como salud, educación, jubilaciones y pensiones por discapacidad, sino que volvió a implementar políticas neoliberales que retrajeron el desarrollo de la industria local, que tanto costó recuperar durante los primeros años 2000, e introdujeron al país, nuevamente, en un espiral de deuda externa sin más fin que inyectar dólares para que los poderosos de siempre pudieran fugarlos. Deuda que condiciona cualquier presupuesto y que paga todo el pueblo.

Y aquí en Luján, también están quienes buscan condicionar no ejerciendo con responsabilidad el mandato para el que fueron elegidas y elegidos. Concejales del interbloque de Juntos por el Cambio se negaron o abstuvieron recientemente a aprobar el presupuesto que permite una mejor planificación de las políticas públicas que en Luján se vienen implementando y otras que requieren ser ejecutadas. Mismos concejales que desconocen la organización popular, a la que incluso desprecian, tal como quedó manifestado también recientemente cuando impusieron su mayoría para impedir que el Honorable Concejo Deliberante declarase de Interés Público, Cultural y Social al Centro Cultural “José Artigas”, que este año celebró sus primeros 10 años. Y aún más. Una de las concejalas del mismo bloque, Rita Salaberry, en su intervención en la sesión del día 5 de septiembre, en un acto de profundo cinismo, hizo uso de una expresión del Movimiento de DDHH para desplegar su mensaje de odio al decir “nunca más al kirchnerismo, kirchnerismo nunca más”. Expresión que volvió a utilizar tras el fallo condenatorio a Cristina Fernández. Le exigimos a la concejala que para manifestarse haga uso de las expresiones de su propio espacio político, la Unión Vecinal, la misma que puso a disposición a sus hombres para que fueran intendentes comisionados y funcionarios de la última dictadura en nuestra ciudad garantizando así la complicidad civil para que el terrorismo de estado secuestrara y desapareciera a nuestras compañeras y compañeros. A la fecha el Vecinalismo nunca hizo una autocrítica sobre su rol en la dictadura y probablemente nunca la haga ya que sigue defendiendo y reivindicando su gestión por aquellos oscuros años en la historia de nuestro país y nuestra ciudad.

Hoy, a 39 años de la recuperación de la Democracia en nuestro país, seguimos reclamando por la plena vigencia de los DDHH. Seguimos sosteniendo, y por eso militamos desde cada uno de nuestros espacios, para fortalecer una Democracia no solo en el plano formal sino también y, sobre todo, en el social. Una Democracia que incluya, que iguale, que permita seguir conquistando derechos para todas, todos y todes. Una Democracia con Memoria. Y porque la tenemos y la ejercitamos decimos ARGENTINA, DEMOCRACIA PARA SIEMPRE.