El pasado lunes se llevó a cabo una intervención artística a cielo abierto en Plaza de Mayo bajo la consigna «NOS QUEDAMOS «, organizado por la organización Inquilinos Agrupados junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el grupo de teatro Contrafrente Cultural y la revista Crisis. Esta actividad frente a la Casa Rosada, convocó a distintas organizaciones y personas que alquilan a sumarse a esta iniciativa.
De Luján participaron integrantes de Inquilinos Organizados Luján, organización que comienza a tener un rol importante a raíz del avasallamiento por parte de locadores e inmobiliarias que se niegan a incumplir la Ley de Alquileres como así también el decreto de necesidad y urgencia actualmente vigente, el cual se ha extendido hasta finales de marzo.
La Ley 27.551 modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación. Entre los nuevos beneficios para los inquilinos, la normativa dispone el aumento a 3 años del plazo de duración de los contratos, una indexación anual sobre la base de un coeficiente entre el Índice de Precios Al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que deberá publicar periódicamente el Banco Central, y la posibilidad de proponer dos garantías a elegir por el propietario. Asimismo, establece que las expensas extraordinarias y los impuestos que gravan a la propiedad, correrán por cuenta del propietario. Otra condición será la obligación por parte de los propietarios de registrar los contratos en la AFIP.
En entrevista con Mariana Saldaña, ella nos cuenta que «es un caos la vida de las personas que alquilan, si bien están amparados por el DNU, las inmobiliarias están obligándolas a renovar contratos a precios exorbitantes. Y esto es ilegal porque deben mantener los precios congelados y no hay que renovar hasta tanto finalice el DNU«.
En los últimos días en Luján nos han llegado variados casos de extorsión y amenaza hacia inquilinos que incluso se mantienen con los pagos al día. Mariana nos dice que «lo más terrible que en su mayoría son mujeres, jefas de hogar, que han limitado al máximo sus necesidades básicas para sostener en pandemia el pago de alquileres hasta la fecha. Pretenden renovarles a pesar del DNU departamentos de 3 ambientes por montos que se aproximan a los 100 mil pesos. Contratos por dos años, cobro en efectivo y no aceptan depósitos bancarios, no registran las viviendas alquiladas en Arba, y la amenaza es quedar en la calle o esperar que inicien acciones legales. Cartas documentos donde plasman la impunidad«.
Al preguntarle sobre la razón de lo que pasa, Saldaña cree que «hay que dejar de creer que quienes alquilan son esas abuelitas que ahorraron toda la vida y lograron comprarse una casa demás, si bien pueden existir casos son los menos. En Luján los inmuebles están distribuidos en pocas manos , terrenos fiscales que van a parar a manos inmobiliarias, un sector que fue muy protegido durante los 8 años de Luciani. Una oficina de tierras y vivienda donde los únicos que tienen acceso y obtienen información son abogados y martilleros«.
Algo muy grave que está sucediendo en Luján, cuando se hace uso del DNU, es la «visita constante y permanente por parte de locadores o inmobiliarias para la revisión del inmueble. Algo totalmente fuera de la ley y que solo sirve para incomodar y amedrentar a quien alquila y se encuentra en una situación de incertidumbre«. Y no se encuentra por parte del estado una protección a la altura de la pandemia que se vive socialmente y que pone en relieve, aún más, las desigualdades y la inequidad reinante.
Para finalizar la entrevista, le preguntamos a Mariana Saldaña de Inquilinos Organizados Luján, qué pretenden que suceda aquí en Luján. Y con total contundencia nos contestó:
«No queremos que nos regalen nada, no somos usurpadores. Por el contrario, queremos alquilar de forma digna que se cumplan esos contratos donde nuestros garantes y nosotros asumimos responsabilidades por montos fuera de nuestro alcance. No queremos que nos utilicen para apretarnos en cualquier circunstancia sin que ellos cumplan con sus obligaciones. Desde el año 2015 con la reforma del Código Civil, se entiende que alquilar a través de una inmobiliaria es consumir un servicio. En Defensa al Consumidor de Luján niegan asesoramiento y recomiendan abogado pago. ¿tiene un inquilino dinero para pagar un patrocinio? Por supuesto que no. ¿Cómo vamos a pagar un abogado y un proceso porque la inmobiliaria no cumple un contrato? Esperamos desde la intendencia de Leo Boto surjan respuestas a nuestro pedido y podamos trabajar codo a codo por un Luján mejor. Esa evasión es dinero que el estado puede invertir en beneficio de esta sociedad, ya vimos la importancia de un estado presente en plena pandemia. Lamentablemente alquilé dos años a quien es el presidente del colegio de martilleros de Luján, hoy los reclamos hay que elevarlos a La Plata porque claramente en Luján/Mercedes es inútil intentar denunciar a quien debiera impartir orden».
