“Las recientes declaraciones del concejal de Juntos por el Cambio Fernando Casset lo único que aportaron fue confusión, porque afirmar que el municipio debe controlar el cumplimiento de las prisiones domiciliarias es tan desatinado como irresponsable”, manifestó el concejal del bloque del Frente Renovador.
En los últimos días el concejal Fernando Casset se había manifestado a través de un comunicado en contra de las prisiones domiciliarias dictadas en la provincia de Buenos Aires en aras del Covid – 19. En el mismo texto, instaba al gobierno de Leonardo Boto a que “realice operativos de vigilancia, y que controle el cumplimiento de las prisiones domiciliarias”.
“El secretario de Protección Ciudadana, Matías Lattaro, es un hombre que, según dicen desde la propia gestión, tiene muchas vinculaciones con el Poder Judicial. Es necesario que esté permanentemente actualizado sobre quiénes son las personas habilitadas a cumplir sus condenas en sus domicilios, y adónde viven. Lattaro también dispone de recursos para realizar estos controles, porque en el Concejo Deliberante se votó la desafectación de partidas que propuso el Departamento Ejecutivo, y se le indicó que, entre otras cosas, esos fondos deben utilizarse para las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia. Corresponde ahora que hagan ese uso adecuado del dinero, en protección de la seguridad de todos los vecinos de Luján”, concluyó el concejal opositor.
El oficialismo legislativo contestó con dureza las afirmaciones de Casset. Fue el concejal Gabriel Jurina del bloque del Frente Renovador, dentro del interbloque del Frente de Todos, quién destacó que “en su condición de abogado, el Dr. Casset no puede desconocer que el Patronato de Liberados -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la provincia de Buenos Aires- es el organismo estatal que cumple la función de supervisión, asistencia y seguimiento de aquellos presos que han sido condenados y cumplen arresto domiciliario. No obstante, en los casos de aquellos detenidos que aun no tienen la sentencia firme, el control debe estar a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense o bien de la policía. Y quienes purgan la pena en su casa sin el dispositivo de rastreo electrónico (es decir la tobillera) también deben ser controlados por un «garante» que es designado por la propia justicia”.
En tanto, criticó con dureza los dichos del edil opositor: “No es serio que un hombre del derecho proponga que el municipio se involucre en una cuestión para la cual no está facultado ni tiene el personal preparado, porque el control de las prisiones domiciliarias requiere el cumplimiento de protocolos a cargo de hombres y mujeres formados para llevar a cabo esa tarea”.
“Que cientos de delincuentes hoy se vean favorecidos con el arresto domiciliario es el resultado de insultantes decisiones adoptadas por jueces como Luis Alejandro Gil Juliani, el mismo que benefició al asesino del joven Agustín Cantello, cuya familia hoy cuenta con el asesoramiento de un letrado asignado por el municipio”, criticó Jurina.
“Si bien el gobierno local puede hacer gestiones y aportar recursos -tal como lo viene haciendo con las fuerzas de seguridad- para luchar contra el delito, el control de los delincuentes que cumplen una condena en su domicilio debe estar a cargo de los agentes de la gobernación y la justicia bonaerense”, detalló.
Y parta cerrar se dirigió al concejal de Juntos Por El Cambio: “Sepa entonces el Dr. Casset que, para prestar servicios en nombre del municipio de Luján, hay médicos, enfermeros, asistentes sociales, inspectores, recolectores, obreros, administrativos y muchos otros agentes que cumplen diferentes tareas, pero de guardiacárcel no trabaja ninguno”.