«Nos alarma la reducción del presupuesto de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social. La Decisión Administrativa 1605/2018 publicada en el Boletín Oficial del 10 de septiembre de 2018 refiere a la disminución presupuestaria de este organismo y también a la del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para destinar los fondos a ampliar créditos vigentes de la Policía Federal Argentina». Dijo Alejandra Perinetti, Directora Nacional de esta Organización Internacional con sede y trabajo en Argentina.
La decisión se toma en un contexto país en el que más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes sufren algún tipo de vulneración en sus derechos y de ellos más de 5 millones pasan hambre o no acceden a los nutrientes necesarios para desarrollarse (datos del Barómetro de la Deuda Social – 2018). Además, se suma a los recientes anuncios oficiales que alertan acerca de que los indicadores sociales empeorarán en el corto plazo.
La medida tomada impacta directamente sobre los más vulnerables: los niños que crecen en la pobreza. Es una decisión regresiva que se opone a todas las recomendaciones que ha recibido el país en cuanto al cumplimiento y resguardo de los derechos de la niñez. El Estado es el principal responsable y garante de la vida de cada niño y niña, no es posible que se desentienda de sus funciones y responsabilidades.
El monto total recortado a la SENNAF supera los $124.000.000. Seamos claros: cada peso que se recorta de la atención de niños, niñas y adolescentes es una hipoteca segura sobre el futuro de la sociedad y del país.
Para dimensionar lo que representan estos recortes, y a modo de ejemplo, 115 millones serán recortados de la atención a la Primera Infancia, es decir a los niños y niñas de entre 0 y 4 años. La decisión resulta contradictoria en un Gobierno que enunció como eje principal de campaña la lucha contra la disminución y prevención de la desnutrición infantil en la primera infancia.
En este contexto de situación las decisiones tomadas, no solo dan cuenta de que la niñez no es prioridad del Estado en materia de política pública, sino que además es el grupo más castigado y el que está en un estado de mayor desprotección.
«Desde Aldeas Infantiles SOS, como organización referente en atención directa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, exigimos al Estado la revisión de esta decisión. Todavía estamos a tiempo, la niñez no puede ser la variable de ajuste«, concluyó Alejandra Perinetti en la gacetilla de prensa emitida por la organización.
