El Concejo Deliberante aprobó una Resolución que expresa profunda preocupación por la subejecución de fondos destinados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras numerosas obras permanecen paralizadas o demoradas.
La norma solicita que el “Gobierno Nacional haga efectiva la ejecución de los fondos con asignación específica destinados al financiamiento de la infraestructura vial, conforme a las finalidades establecidas por la normativa vigente”.
Además, remarca que el Gobierno Nacional tiene una asignación específica de recursos provenientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y de los seguros automotores y “ha reconocido públicamente que una parte de los recursos provenientes de dichos tributos queda a disposición del Ministerio de Economía con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal”.
Como consecuencia, ha postergado obras, mantenimiento o mejoras necesarias en la infraestructura vial, sosteniendo condiciones de circulación que incrementan el riesgo de siniestros viales y sus consecuencias sobre la vida y la integridad de las personas.
Expresa la Resolución que “los relevamientos realizados por la Fundación Estrellas Amarillas registraron durante el año 2026 un incremento de víctimas fatales en distintos corredores viales; resultando especialmente alarmante el caso de la Ruta Nacional N° 5, donde para el mes de julio las muertes registradas ya habían superado la totalidad de las ocurridas durante todo el año 2025”.
El día 19 de agosto, en el marco de una reunión ampliada de la Comisión de Movilidad Urbana, el Presidente del HCD, Federico Vanin, junto a concejales y concejalas, recibieron a Silvia González, Presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, acompañada por integrantes de la organización.
Allí, se planteó una fuerte preocupación frente a la situación de la seguridad vial. Vale mencionar que la Fundación Estrellas Amarillas desarrolla una importante tarea de concientización, prevención y visibilización de la siniestralidad vial, acompañando a familiares de víctimas y promoviendo acciones destinadas a prevenir nuevas muertes en calles y rutas de nuestro país.
Garantizar rutas en condiciones adecuadas constituye una responsabilidad estatal vinculada directamente con la prevención de la siniestralidad vial y la protección de la vida de quienes las transitan. Existiendo recursos recaudados específicamente para el financiamiento de la infraestructura vial, provenientes, entre otras fuentes, del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y de recursos vinculados a los seguros automotores.