En los últimos días, sobre todo el fin de semana, se registró una virulenta ofensiva en redes sociales contra el periodismo argentino en general. La misma estuvo protagonizada por cuentas vinculadas al oficialismo, algunas rentadas, y en muchos casos esos posteos estuvieron avalados por el propio presidente de la Nación.
Desde APeRA repudiamos fuertemente este comportamiento que no es nuevo, pero que nos resistimos a avalar con el silencio.
La libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada constituyen pilares centrales de la vida democrática y del funcionamiento republicano de las instituciones. En ese marco, el periodismo tiene la responsabilidad —y la obligación— de investigar, verificar y dar a conocer hechos de interés público, aun cuando estos resulten incómodos para el poder.
Las investigaciones periodísticas no crean hechos: los revelan. Su valor reside precisamente en el trabajo profesional de contrastación de fuentes, documentación y datos, que es lo que otorga credibilidad pública a la información difundida y permite que la ciudadanía forme su propio juicio con conocimiento de causa.
Cuestionar conclusiones, aportar datos adicionales o ejercer el derecho a réplica forma parte del debate democrático. Descalificar de manera general a la prensa o poner bajo sospecha el trabajo periodístico por el solo hecho de investigar asuntos sensibles, en cambio, no contribuye a elevar la calidad del intercambio público ni fortalece la confianza institucional.
Cabe recordar que muchos de los temas que hoy ocupan el centro de la discusión pública han adquirido relevancia precisamente gracias a investigaciones periodísticas rigurosas, que permitieron sacar a la luz información que, de otro modo, no habría sido conocida. Ese es el aporte del periodismo a la transparencia y al control ciudadano.
Cabe destacar que un disparador de esta inusitada embestida oficial contra el periodismo fue la existencia de una supuesta operación de espionaje rusa, que precisamente fue desenmascarada por periodistas. Periodistas que justamente con su prestigio le han dado credibilidad a la denuncia.
Defender la libertad de prensa no implica asumir posiciones partidarias ni corporativas. Implica, simplemente, sostener el derecho de la sociedad a acceder a información verificada y plural, y garantizar que el ejercicio del periodismo pueda desarrollarse sin estigmatizaciones ni presiones desde el poder.
En una democracia madura, la crítica no se acalla: se responde. El debate no se descalifica: se enriquece. Y la prensa, lejos de ser un obstáculo, es una condición indispensable para que ese debate sea posible.