El concejal del interbloque Frente de Todos dialogó con Juan Meri en #QueHacerPolitico y declaró que “todo lo que sea política de tierras es una gran deuda que tenemos en todos los niveles de gobierno”. El edil hizo referencia a la toma de terrenos y dijo que “la cooperativa eléctrica y la justicia deben cumplir con sus obligaciones”.
«En Luján es algo que viene de arrastre, teniendo en cuenta que durante la gestión del intendente Luciani, es decir del 2011 en adelante ha habido infinidad de centenares ocupaciones ilegales de terrenos. También ha habido tomas que después fueron negociadas pero en definitiva también nosotros tomamos conocimiento de muchas ocupaciones ilegales en donde hay denuncia penal por usurpación y resulta que el ocupante tiene un medidor a su nombre», reveló Jurina.
Y agregó: «la cooperativa eléctrica y la justicia, ambas instituciones deben cumplir con sus obligaciones. De parte de la cooperativa, cuando se solicita el suministro de energía eléctrica hay que exigir y cumplir con los requisitos técnicos para después no electrocutarte y por otra parte la titularidad, la posesión, la tenencia de la propiedad que se trate».
«Tenemos un caso de loteos en zona rural en el barrio Parque Lasa. Además de eso la titular del campo no lo vendió, no lo cedió, tengo conocimiento que hace más de diez años que no le pagan el alquiler, está en juicio de desalojo y están los pilares colocados con los cables listos para que pongan un medidor”.
“Entiendo que esos medidores no se van a colocar nunca porque ese desarrollador inmobiliario, patrocinado por el ex intendente Kubar, no sé cuáles serán los papeles que lleven a la cooperativa. No hay ningún indicio, primero porque es zona rural y segundo porque la titular no es quien está promoviendo ese loteo y aunque si lo fuera no lo podría hacer. Entonces no quiero pensar que ahí van a colocar medidores”, detalló.
El edil remarcó que «la cooperativa ahí tiene una responsabilidad enorme porque lo que no queremos es que después caigamos en el hecho consumado. Es decir venden los terrenos, la gente los compra de buena fe a buen precio en cuotas y la gente que compra va al concejo deliberante a pedir que se apruebe la modificación de código de ordenamiento urbano para poder vivir ahí y escriturar».
«Es decir nosotros nos vemos en la obligación como paso por ejemplo en el barrio San Ignacio de un desarrollador inmobiliario conocido por ese tipo de maniobras y en definitiva le terminamos haciendo el negocio a los vivos a los que delinquen y en donde la cooperativa no puede tener ningún tipo de injerencia. Entre otras cosas la cooperativa tanto como para desarrolladores inmobiliarios como para particulares hay que ser estricto cuando se solicita un medidor”.
También hizo referencia al no accionar de la justicia sobre las usurpaciones y agregó: “todo lo que sea política de tierras es una gran deuda que tenemos en todos los niveles de gobierno tanto nacional, provincial y parte del gobierno municipal”.
“Hay que dar respuestas a muchísimas familias que necesitan tener el techo propio, pero insisto, desde el estado, desde la ley y no desde quienes pretenden hacer justicia por cuenta propia, los que acarrean la gente y le dicen a la gente ocupa terreno que después lo ponemos a tu nombre”, finalizó Jurina.