El Consejo Superior de la UNLu aprobó la declaración de emergencia salarial para el Ejercicio 2026, “en el marco de la crítica situación financiera que atraviesa el sistema universitario público argentino”, y exhortó al Gobierno Nacional «a que cumpla con los términos de la Ley N° 27795 de Financiamiento de la Educación Universitaria”.
El proyecto de declaración fue presentado por la representación de las y los trabajadores nodocentes (Lista 430) y aprobado por el voto unánime del cuerpo colegiado de gobierno, por el que también se encomendó al rector la realización “de gestiones ante el Ministerio de Capital Humano, a fin de que la Universidad Nacional de Luján disponga del financiamiento para el presente ejercicio que garantice la continuidad de sus funciones en docencia, investigación y extensión en todas sus sedes”.
El rector Walter Panessi presidió la sesión constitutiva y la posterior sesión extraordinaria del Consejo, que se reunió de este modo por primera vez en el año. Panessi remarcó que en representación de la UNLu, fue uno de los firmantes en la justicia de la cautelar por la que solicitó “el inmediato cumplimiento de la actualización de los sueldos y las becas”.
La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria establece mecanismos de actualización salarial y de gastos de funcionamiento en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor, así como la recomposición de becas estudiantiles y el fortalecimiento de la carrera de investigación científica. Pese a ello, el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 no incorpora los incrementos previstos por dicha ley, profundizando el deterioro de los salarios docentes y nodocentes y el financiamiento de las universidades nacionales.
En este contexto, el Consejo Superior recordó que las remuneraciones del personal universitario han quedado muy por detrás de la inflación, situación que ya fue señalada en resoluciones de emergencia salarial y presupuestaria de los años 2024 y 2025, y que “hoy se traduce en una pérdida sostenida de recursos humanos calificados y en serias dificultades para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas”.
Asimismo, subrayó que la falta de cumplimiento de los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional, aún luego de la medida cautelar que ordenó su aplicación inmediata, “vulnera la voluntad del Congreso y compromete el principio de la educación superior como bien público social y derecho humano”.