A través de un comunicado, el peronismo lujanense criticó que “la Corte Suprema de Justicia, con un fallo válido para todo el país, desconoció ese poder de policía del Poder Ejecutivo para imponer medidas a cualquier provincia desde la que se pueda expandir, por ejemplo, el COVID-19. Desde ahora cualquier provincia puede tener una bomba de virus y el Poder Ejecutivo Federal no podrá hacer nada para evitar que detone”.
“Es conocido que, desde la reforma constitucional impulsada por Menem, la municipalidad de Buenos Aires tiene cierta autonomía, con facultades limitadas por ser sede del gobierno federal. En esa oportunidad también se le cambió el nombre, ahora le dicen “CABA” y así la llamaremos en adelante. Pero nada más. En la práctica sigue siendo una municipalidad, con el mayor presupuesto por habitante de Argentina, por lejos. Pero discutir ese problema no es la idea del presente”, expresaron.
“Ante el fallo dictado en fecha 4 de mayo, el grave problema que debemos atender es que el “Partido Judicial”, a través de la Corte Suprema de Justicia, asumió el co-gobierno de la Nación y le dio rango de provincia a un distrito netamente urbano. Es sabido que en la CABA, millones de personas transitan a diario desde y hacia una verdadera provincia, también con millones de habitantes: la de Buenos Aires. Por ende, un problema epidemiológico en la CABA afecta necesariamente a la provincia de Buenos Aires, al “AMBA” y al Municipio de Luján por vecindad geográfica. Por esto decimos que la Argentina no termina en la Av. General Paz”, añadieron.
“Es cierto que cualquier controversia política puede resolverse por acuerdo entre las jurisdicciones. Pero si no se resuelve de ese modo, el poder de policía sanitaria en caso de que, por ejemplo, una pandemia afecte a una jurisdicción y genere riesgo para otras, corresponde al Poder Ejecutivo Federal. La Corte Suprema de Justicia, con un fallo válido para todo el país, desconoció ese poder de policía del Poder Ejecutivo para imponer medidas a cualquier provincia desde la que se pueda expandir, por ejemplo, el COVID-19 . Desde ahora cualquier provincia puede tener una bomba de virus y el Poder Ejecutivo Federal no podrá hacer nada para evitar que detone”, describieron.
“Es de conocimiento público que la suspensión de las actividades educativas presenciales contribuye al control de la infección. Hay otros que afirman que no es así. Lo cierto, es que todo esto se discute en el campo científico. Es una discusión entre epidemiólogos. No es una discusión jurídica, sino médica. Las cuestiones médicas no son materia de los jueces, que no son quienes deben dirimirlas. En la medida en que el Poder Ejecutivo Federal haya optado por una de las alternativas que se discuten, con fundamentos serios en el campo científico técnico, no está procediendo de manera inconstitucional, ni su decisión en materia sanitaria sería un caso judiciable”, destacaron.
“Pero cuatro (4) cortesanos, en pantuflas y desde el living de sus casas, basados en lo que dicen los medios sobre la otra posición, decidieron una cuestión propia de la ciencia médica. De este modo, la Corte asumió poderes que son exclusivos del Ejecutivo Federal. Es decir, sustituyó la decisión política del Ejecutivo por la suya propia, y reemplazó la elección de una posición científica por otra”, dispararon.
“Además, lo hizo sin siquiera convocar a peritos en la materia. La Corte, integrante del Partido Judicial que no se presenta a elecciones, decidió una cuestión de vida o muerte con la simple información de los medios de comunicación. Decidió una cuestión médica sin siquiera escuchar a los profesionales de su propio Cuerpo Médico Forense, ni convocar a ningún profesor de la Facultad de Medicina”, se quejaron.
“Increíblemente desde todo punto de vista, la Corte Suprema, en contra de su propia jurisprudencia para casos similares, se atribuyó y ejerció un poder de gobierno que le corresponde al poder elegido por voluntad popular. Por esto, desde el Partido Justicialista de Luján rechazamos categóricamente que cuatro (4) “excelencias” que nadie eligió, ejerzan el Poder Ejecutivo Federal. Asimismo, hacemos jurídicamente responsable a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Partido Judicial de todas las consecuencias que su decisión política tenga en el plano de la realidad social, incluyendo los eventuales contagios de docentes, alumnos y familiares y de los resultados incluso letales de esos contagios”, argumentaron.
“La politización de la pandemia y el uso de la muerte para fines espurios muestran la decadencia del Poder Judicial convertido en un partido político que, con este y otros manejos discrecionales, ponen en peligro la democracia y el sistema representativo, republicano y federal elegido por el Pueblo Argentino”, cerraron.