Los concejales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de decreto que prevé la conformación de una Comisión Especial, que investigue las compras sospechosas de alimentos que realizó la gestión del intendente Leonardo Boto. Será tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante.
Tras varios meses de análisis de las 191 órdenes de compra directas efectuadas a nombre de los proveedores Marcela Guadalupe Goldsztaud y Mariano David Rossi, la oposición decidió avanzar en el pedido formal de una comisión especial que recolecte mayor cantidad de información y elabore un informe final al respecto.
“Encontramos información incompleta y nuevos interrogantes, sin explicación aparente” argumentó el radical Fernando Casset.
El proyecto de decreto sostiene que “el cotejo de los comprobantes suministrados ha permitido confirmar algunas premisas iniciales, pero también generar nuevas incógnitas en cuanto al trámite dado a los procedimientos de compras señalados”
En ese sentido el referente de Juntos por el Cambio, Fernando Casset, explicó que “en primera instancia pedimos al Departamento Ejecutivo que nos brinde información de las órdenes de compra, pero la documentación que nos dieron es incompleta y nos aportó nuevos interrogantes, sin explicación aparente. Por eso confiamos en que una investigación conjunta con los concejales del oficialismo, nos va a permitir conocer por qué el Gobierno Municipal gastó $32 millones de manera presuntamente injustificada”.
Por su parte el texto que tendrá tratamiento deliberativo el próximo lunes afirma que “sería necesario y conveniente requerir ampliación de la información aportada, solicitando mayor documentación e incluso la declaración de proveedores y funcionarios de las áreas involucradas, en particular de la Secretaría de Economía y Finanzas y de la Secretaría de Desarrollo Humano”.
De ser aprobado el decreto, la Comisión Especial estará integrada por seis concejales, quienes serán elegidos por el cuerpo de ediles en el momento del tratamiento del texto. Tendrán un plazo de noventa días corridos para el cumplimiento de su objeto y sólo a petición de la propia Comisión, y por razones debidamente fundadas, dicho plazo podrá ser extendido por otros cuarenta y cinco días.
