Por Rita Sallaberry.
Finalmente, después de varios meses de indefiniciones, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzó en un paquete de medidas relacionadas a los conflictos de tomas de tierras, específicamente destinado al célebre predio de Guernica, en el conurbano bonaerense. Paralelamente, el día 29 de octubre se realizó el desalojo ordenado por la justicia, no sin resistencia e incidentes por parte de los ocupantes del predio. Sobre esta base, una serie de reflexiones se pueden esbozar tomando en cuenta la seria afectación que las tomas de tierras están provocando en derechos que son fundamentales para la vida en sociedad, tal como el derecho a la propiedad privada, y la manera en la cual esta situación nos mantiene en vilo a todos los argentinos.
No podemos negar que, en esta situación irregular, existe una clara relación con otros derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional que tampoco son observados, como lo es el derecho al acceso a una vivienda. El debate público nacional cotidiano se ha centrado en estas dos cuestiones, y los distintos gobiernos provinciales han abordado sus problemáticas al respecto de acuerdo con sus propios lineamientos, sin intervención ni pronunciamiento alguno del gobierno nacional. Es el caso, por ejemplo, de la provincia de Río Negro y las tomas en la zona de Bariloche, las cuales fueron desalojadas por orden judicial y con apoyo de la Gobernadora, luego de registrarse incidentes e impedimentos a la libre circulación de los propietarios de esas tierras y de vecinos aledaños. Pero, ¿qué ocurre en nuestra provincia de Buenos Aires?
Así como lo expresó en varias oportunidades, el gobierno de Axel Kicillof tenía el objetivo de llevar adelante el desalojo dispuesto por la justicia de forma pacífica, sin violencia y con acuerdos entre las partes. Dicho desalojo fue suspendido en varias oportunidades estableciendo nuevas fechas de concreción, lo que se terminó efectivizando a pesar de un gobierno provincial que mostró, desde el primer momento, dubitaciones y dobles discursos. De esta forma, es necesario observar, en primera instancia y como una cuestión básica, lo dispuesto por las normas vigentes que llevan a reconocer claramente que la toma de Guernica, reafirmado por la justicia provincial, constituye un delito. Así, el gobierno bonaerense caminó por una fina línea en la que negoció con personas que están cometiendo un ilícito, pero que se ampararon discursivamente en otros derechos que no son observados correctamente desde hace décadas. Ha trascendido, también, que fueron apoyados por organizaciones y partidos políticos que se sentaron con representantes de los vecinos ocupantes en las mesas de negociación con funcionarios de gobierno. ¿Es correcto ceder ante estos intereses políticos y sectoriales surgidos de una situación irregular? Lamentablemente, aceptar estas condiciones convalida y aprueba el accionar violento que quebranta la ley y, más allá de cualquier reclamo por el déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires, nunca debería avalarse el atropello del orden y las reglas básicas de convivencia.
De esta manera, llegamos a la actualidad. Adentrándonos en las medidas generadas por el gobierno de Kicillof, divulgadas el día anterior al desalojo producido, podemos encontrar un agravante en la convalidación explícita de los accionares ilegales producidos en Guernica: el Gobernador dispuso la entrega de sumas de dinero a los ocupantes de las tierras tomadas por un monto de hasta cincuenta mil pesos ($50.000) mensuales, mediante un programa social y financiado por un fondo especial con una duración máxima de seis meses, para lograr un desalojo expeditivo y en paz. A pesar de ello, no se pudieron evitar incidentes. En base a estos hechos, haciendo una rápida interpretación, la ciudadanía podría entender esta disposición como una “recompensa” por esas acciones ilegales y, quizá, favorecer e incentivar nuevas tomas de tierras organizadas, con el objetivo de acceder a esos beneficios. Es una clara muestra de injusticia hacia los ciudadanos que se esfuerzan día a día para pagar su alquiler, pagar sus impuestos y vivir dentro del marco de la ley en un contexto de crisis económica muy profunda, quienes hoy, y a la luz de estas definiciones, no tienen ninguna importancia para el gobierno de la provincia.
Es muy peligroso ceder ante discusiones que niegan las bases legales mediante las cuales vivimos en sociedad. Es imprescindible dar señales claras al pueblo sobre estas cuestiones, ya que hasta el momento fueron prácticamente ignoradas por el gobierno nacional y abordadas, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, accediendo a reconocer que el camino para lograr soluciones habitacionales está en cometer ilícitos tomando tierras por la fuerza. Los argentinos y los bonaerenses estamos esperando que se aplique orden desde un primer momento y que la justicia y los distintos gobiernos estén en consonancia ante esta situación que, alarmantemente, se está generalizando. No podemos negar la existencia de un profundo déficit habitacional y la insuficiente generación de suelo urbano para facilitar el acceso a la vivienda, pero tampoco debemos convalidar debates que cuestionan nada más ni nada menos que el status legal de la propiedad privada en la Argentina.
Es necesario volver a las bases y, siempre reconociendo la emergencia social que atraviesa nuestro país desde hace décadas, generar los diálogos pertinentes para lograr esa consonancia que nos está haciendo falta. La justicia debe actuar con todo el peso de la ley, como lo ha expresado en los últimos meses, dejando siempre en claro el imperio de ella sobre todos y cada uno de los ciudadanos; y los distintos gobiernos y sectores políticos, representados o no en los parlamentos, deben fijar posiciones claras en respaldo al combate al delito en todas sus formas, apoyando el comienzo de una resolución integral de los problemas sociales y económicos que nos afectan.
Hemos llegado a un punto en el que no podemos andar con medias tintas. El compromiso siempre debe ser con el diálogo, pero con la Constitución arriba de la mesa.