El edil fue citado como testigo en la causa relacionada con las compras municipales de alimentos por más de 30 millones de pesos, iniciada a partir de un pedido de informes de los concejales de Juntos por el Cambio y de una denuncia del diputado provincial Luciano Bugallo.
Este martes el concejal Fernando Casset (referente de Juntos por el Cambio y presidente del Comité local de la Unión Cívica Radical) prestó declaración testimonial en la causa que investiga la reiteración de compras efectuadas por el Municipio “a proveedores sin antecedentes comerciales ni capacidad conocida para proveer los bienes para los que fueron contratados. Esta declaración ocurrió una semana después de que, en la misma investigación, se solicitara al Concejo Deliberante local todos los antecedentes de estos hechos, que reúnen ya más de 4.000 hojas”, destacaron desde el Interbloque de Juntos Por El Cambio.
La UFI N° 1 de Mercedes, que investiga delitos complejos, es la dependencia del Ministerio Público en la que ha recaído este proceso. Se trata de una reiteración de compras, en general de alimentos no perecederos, efectuadas por el Municipio entre los meses de febrero y julio de 2020. En todos los casos, las adquisiciones fueron realizadas por contratación directa y no por licitación pública, lo que ha sido investigado por los concejales de Juntos por el Cambio, entendiendo que se ha tratado de “un desdoblamiento o fraccionamiento intencionado de las compras para evitar el procedimiento que, según la ley vigente, debió haberse realizado”, según manifestó Casset.
Tras su testimonio, el concejal radical señaló: “He venido a reiterar lo que ya hemos dicho en el Concejo Deliberante, en el sentido de que la reiteración de compras por los mismos rubros comerciales, hasta por los mismos productos, dentro de un período tan reducido y a solicitud de una misma dependencia municipal, se encuentra expresamente prohibida por todos los reglamentos de contrataciones, incluso en casos de emergencia o urgencia”.
Por otra parte, planteó que “estas dudas sobre el procedimiento luego nos llevaron a preguntarnos quiénes eran los proveedores elegidos, y comprobamos que se trataba de dos personas, Marcela Guadalupe Goldsztaud y Mariano David Rossi, que no registraban antecedentes comerciales en el rubro alimentos hasta ser elegidos por la Municipalidad de Luján, ni se encontraban inscriptos en las categorías respectivas en la AFIP, ni contaban con habilitación municipal para estas actividades, ni pueden mostrar instalaciones o establecimientos en los que desarrollan estas tareas”.
Según Casset, en la declaración se le preguntó si tenía conocimiento de alguna relación previa entre estos proveedores y funcionarios de la actual gestión municipal. En ese punto, respondió que, según sabe, Golsztaud está vinculada con una sociedad comercial en la que participa el esposo de María Eugenia Rondinella, quien actualmente forma parte del equipo de funcionarios de la secretaría de Economía y Finanzas de Ignacio Pedotti, como directora de Presupuesto.
La actuación judicial fue iniciada a partir de una denuncia del diputado provincial Luciano Bugallo, realizada tras la investigación realizada por los concejales lujanenses de Juntos por el Cambio. Esa denuncia involucra a los proveedores Golsztaud y Rossi, al secretario Pedotti y al propio intendente Leonardo Boto. De hecho en la declaración testimonial del concejal Fernando Casset se encontraba presente el abogado defensor de Boto, el Dr. Héctor Marcelo Heredia.
“Espero que, entre la investigación que estamos realizando nosotros en el Concejo Deliberante y la que realiza la UFI N° 1 de Delitos Complejos, de Mercedes, podamos conocer la verdad y, de esa manera, resguardar el patrimonio de todos los lujanenses”, agregó por último Casset.