La adhesión a la nueva normativa -que rige desde el 1º de julio y debe aplicarse a todos los contratos de locación posteriores a esta fecha- fue aprobada por unanimidad. Fue impulsada por el edil Cesar Siror.
La propuesta surge a partir de la nota ingresada por la Mesa de trabajo Peronista donde se solicitó la adhesión municipal y se adjuntó el Proyecto de Ordenanza.
La nueva Ley Nacional de Alquileres establece condiciones de mayor equidad para las y los inquilinos de todo el territorio argentino, estableciendo modificaciones sustanciales en las condiciones a la hora de arrendar una vivienda. En ese sentido, se extiende la duración del contrato de dos a tres años, se establecen aumentos anuales que serán calculados sobre la base de un coeficiente entre el Indice de Precios Al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que deberá publicar el Banco Central. También establece la posibilidad de proponer dos garantías a elegir por el propietario/a, que las expensas extraordinarias y los impuestos que gravan a la propiedad, correrán por cuenta del propietario/a. Establece además la obligación por parte de los propietarios/as de registrar los contratos en la AFIP.
Con respecto al régimen de reparaciones urgentes y necesarias, las mismas deberán ser asumidas por el/la propietario/a, y en el caso de no hacerlo, está autorizado el inquilino/a a hacerlo a costa del dueño/a del inmueble. Otra modificación de importancia, es con respecto al mes de depósito en garantía que será al equivalente a un mes de alquiler, y establece que el mismo deba ser devuelto al finalizar el contrato de manera actualizada y de forma inmediata. Por otro lado, durante los últimos 3 meses de vigencia del contrato, cualquiera de las dos partes podrá citar a la otra para negociar una eventual renovación. En el caso de que no se llegue a un acuerdo en el plazo de 15 días, el inquilino o inquilina puede dejar el inmueble cuando lo desee, sin tener que pagar por ello o ser multado/a.
El Concejal César Siror del Interbloque del Frente de Todos, impulsó la Ordenanza de adhesión que fue aprobada por unanimidad, y que en su articulado además encomienda al Departamento Ejecutivo una fuerte campaña de difusión para que la comunidad conozca los alcances de la norma y pueda defender sus derechos.
En nuestro país cada vez son más las familias que resuelven su situación habitacional a través del arrendamiento por la falta de acceso a la vivienda propia, y la nueva legislación amplía derechos para un universo de 9 millones de inquilinas e inquilinos.