A raíz de la intervención de la justicia en el desalojo de 24 familias usurpadoras de un terreno de la empresa Chediack y la solicitud del poder judicial al gobierno local para que reubicara a esas familias, el candidato de Juntos Por El Cambio se expresó en un comunicado. “La ocupación de una propiedad ajena es un ilícito. El Estado no puede admitirla. Y nadie debe estimular o justificar estas prácticas. Nuestros vecinos, sobre todo quienes padecen necesidades más urgentes, jamás se han propuesto apartarse de la ley. Pero la ausencia de una política habitacional cierta (en lo normativo) y activa (en la gestión) genera insatisfacciones que pueden ser aprovechadas especulativamente”, destacó.
Fernando Casset publicó a través de la red social Facebook, un comunicado que destaca que “Es conocido que un grupo de familias ocupó días atrás una parte de una fracción privada en el barrio Ameghino de nuestra ciudad. Y ha sido informado que, tras una sentencia judicial que dispuso el desalojo e impuso al Municipio resolver la situación que dio origen a la ocupación, se ha decidido vender a estas personas terrenos fiscales de la Comuna, ubicados en el barrio Los Laureles y en la localidad de Olivera”.
En ese sentido expresó que “ante muchas consultas y pedidos, quiero decir que soy un lujanense comprometido. Nacido y criado en Luján. Este es el momento de hacernos cargo de los grandes temas, de los problemas de la población. El acceso a la tierra es uno de ellos y lo vamos a solucionar con normas y regulaciones”. Y agregó que “la ocupación de una propiedad ajena es un ilícito. El Estado no puede admitirla. Y nadie debe estimular o justificar estas prácticas. Si algún sector político lo ha hecho en este caso, es preciso saber quiénes han sido”.
En tanto apuntó que “nuestros vecinos, sobre todo quienes padecen necesidades más urgentes, jamás se han propuesto apartarse de la ley. Pero la ausencia de una política habitacional cierta (en lo normativo) y activa (en la gestión) genera insatisfacciones que pueden ser aprovechadas especulativamente”. Además se quejó sobre que “la decisión judicial de imponer al Municipio la obligación de resolver la situación de origen que dio lugar a la ocupación no parece un acto responsable de un magistrado. Y sí se asemeja a la intromisión de un órgano del poder estatal en las competencias de otro”.
“Así y todo, la solución exigida por el juez interviniente no implica necesariamente la localización de esas familias en terrenos municipales. Hay otras opciones, pero parece haberse tomado la decisión política de no avanzar en esas alternativas.El otorgamiento a familias sin techo de terrenos sin ninguna mejora no es una «solución habitacional». Las condiciones en que se localicen estas personas en esos lotes serán de tanta precariedad e indigencia como aquellas de las que provienen”, expuso.
En ese sentido, Casset escribió que “frente a la existencia de una enorme cantidad de vecinos de Luján que padecen la falta de un pedazo de tierra donde vivir, obligados por ello a habitar en condiciones de hacinamiento, la decisión de otorgar terrenos de esta manera provoca un justificado enojo, y una sensación de que se prefiere premiar lo ilícito y castigar a quien respeta la legalidad”.
“Entonces, la decisión de someter la resolución de estas acciones al Concejo Deliberante, sin darle antes participación en el proceso mediante el cual se llegó a esta instancia, coloca una vez más al Cuerpo y a todos sus integrantes en una posición incómoda, expuestos a presiones de todo tipo, en una cuestión tan sensible como esta. Ante esta situación, resulta imperiosa la búsqueda de un consenso entre la máxima mayoría posible de concejales. A futuro, estos mismos acuerdos democráticos deberemos poner en funcionamiento para la implementación del Banco de Tierras, con conducción del Estado municipal, como garante del bien común”, aclaró.
“Finalmente, en el marco del actual proceso electoral, asumo el compromiso de ejecutar a partir del próximo 10 de diciembre una decidida y activa política que favorezca el acceso a la tierra por parte de nuestros vecinos más necesitados, sin que ello implique la afectación de los derechos de ningún otro vecino, y procurando dar respuesta a cada uno en función de su necesidad”, cerró.