Pequeños productores, agricultura familiar, campesina e indígena marcharon en el día de ayer a la sede del Ministerio de Agroindustria para exigirle a su titular, Luis Miguel Etchevehere, que restablezca el Monotributo Social Agropecuario y que garantice las condiciones socioeconómicas que permitan desarrollar la actividad que provee más del 70% de las verduras que se consumen en el mercado interno.
Organizaciones representativas de pequeños productores, agricultura familiar, campesina e indígena de todo el país se expresaron ante la crítica situación productiva, económica y financiera que atraviesan las familias del sector. Y se manifestaron de la siguiente manera: «Alertamos sobre las dramáticas consecuencias que las políticas del gobierno nacional causan a nuestro sector, políticas que no garantizan las condiciones mínimas para seguir produciendo. Nuestro sector se extingue y junto a nosotros, se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales; la tierra y la producción se extranjerizan y concentran y los consumidores pagarán alimentos cada vez más caros».
Luego de las políticas que vaciaron el sector en estos últimos años, este gobierno continua con el desmantelamiento. Al congelar el Monotributo Social Agropecuario y eliminarlo definitivamente el Ministerio de Agroindustria quita la posibilidad de que el pequeño productor sea reconocido como un sujeto que invierte, produce y comercializa, y se le quita el derecho a gozar de la Obra Social y la Jubilación. Era la única herramienta de regularización del trabajo que el Estado tenía para el sector. Paralelamente, con la reforma tributaria, el “pacto fiscal” y la flexibilización de la ley contra la extranjerización, favoreció a los actores más grandes, sociedades que invierten en agricultura y se expanden en los territorios, desplazándonos definitivamente.
Y continúan diciendo: «Por otra parte, no hemos encontrado respuestas ciertas de las autoridades de Agroindustria para avanzar con normativas, programas, registros y ámbitos de diálogo que beneficien a nuestro sector. Por el contrario, fueron abandonadas las buenas iniciativas que pedíamos profundizar. La ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, aprobada en diciembre de 2014, aún no fue reglamentada y las propuestas y aportes de los pequeños productores elaborados con alta participación de las organizaciones no fueron tenidos en cuenta. Mientras tanto, los conflictos de tierras, desalojos y situaciones de violencia contra familias de agricultores y comunidades de nuestro sector continúan y en algunas zonas, se han agravado.
Las medidas económicas y financieras que ha adoptado el gobierno, vinculadas a la toma de deuda externa, a la devaluación del peso, al pago de exorbitantes tasas de interés que superaron el 50%, al incremento de tarifas y combustibles, y a la apertura indiscriminada de importaciones de productos agrícolas y alimentos, impactan drásticamente en nuestras vidas y actividad. Hemos contraído deudas para adquirir insumos y seguir produciendo y ya no podremos pagarlas, a pesar de comenzar a malvender nuestros animales, productos e -incluso en muchos casos- la poca infraestructura o herramientas con la que contamos».
En esta crítica situación, que se agrava con el paso de los meses, no se establece ninguna medida del gobierno y las “mesas de competitividad” –que parecen ser la única iniciativa y a las cuales prácticamente a nadie de este sector convocan- , han demostrado no ser eficientes para cambiar la coyuntura ni para adoptar políticas a mediano y largo plazo. Mientras siguen sin visibilizar ni dar respuestas, -y muchas familias abandonan la actividad o las tierras que arriendan y trabajan-, es sector es quien asume los costos de que el estado le esté asegurando ganancias extraordinarias al sistema financiero, a los grandes productores y compañías que invierten en el sector. La única respuesta es el recorte y también se padece el desmantelamiento de las áreas del Estado dedicadas a llevar adelante políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena. Sin contar con técnicos profesionales al servicio del desarrollo rural, pero por el contrario, hubo una reducción drástica de tareas y despidos masivos en esos sectores en todo el territorio nacional. La falta de presupuesto para el sector, el desmantelamiento de los equipos territoriales de la Secretaría de Agricultura Familiar y de las barreras sanitarias del SENASA que se cristaliza a través de los despidos masivos en el Ministerio de Agroindustria, también reflejan el desinterés del Gobierno actual en las políticas para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y ponen en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de nuestra población.
Para finalizar con la demanda, reclaman: «Los pequeños productores, la agricultura familiar, campesina e indígena no estamos dispuestos a aceptar en silencio el abandono de nuestra actividad, fincas, chacras y territorios, ni el empobrecimiento de nuestras familias y comunidades, ni a acallar nuestra voz mientras nos extinguimos:
Solicitamos:
– Inmediata AUDIENCIA con el Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, para que dé respuesta a nuestros planteos.
– La continuidad indeterminada del Monotributo Social Agropecuario, de titulares adscriptos y la incorporación de nuevos titulares.
– Urgente implementación de medidas que beneficien al sector; Tarifas diferenciadas para la electricidad y gas oil. Créditos blandos a tasa subsidiada. Subsidios a los insumos utilizados en la producción. Implementación plena de la Ley de Emergencia Social
– Que el estado garantice el derecho al uso propio y el orden público en el régimen de semillas.
– La inmediata REGLAMENTACIÓN, teniendo en cuenta los aportes a las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena, la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar aprobada en diciembre de 2014. Así también como la asignación presupuestaria acorde para los órganos de aplicación y promoción contemplados en la misma.
– Incrementar el presupuesto de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN, para hacerlo acorde a las necesidades de atención y promoción del sector.
– La REINCORPORACIÓN de las trabajadoras y trabajadores despedidos injustificadamente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y SENASA».
Organizaciones firmantes: ACINA – Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino – AGA – Agrupación Grito de Alcorta – AMRAF – Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales – ATE – Junta Interna Agroindustria – Coordinación de Organismos Nacionales INTA, SeNaSa, SAF – ASOMA – Asociación de Medieros y Afines – FAA – Federación Agraria Argentina – FNC – Federación Nacional Campesina – FAE CTEP – Frente Agrario Evita – FARC – Frente Agropecuario Regional Campesino – FUNDAPAZ – Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz – INCUPO – Instituto de Cultura Popular – MNCI – Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina – MOCASE – Movimiento Campesino de Santiago del Estero – MOPROFE- Mov. Provincial de Pequeños Productores de Santa Fe – MTE Rural CTEP- Movimiento de Trabajadores Excluidos Rama Rural – ONPIA – Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina – REDAF – Red Agroforestal Chaco Argentino – Red Entrerriana de Permacultura – UCV – Unión Campesina de Varela – UOCB – Unión de Familias Organizadas- Cuña Boscosa y Bajos Meridionales – UTT – Unión Trabajadores de la Tierra.
