La bancada emitió un comunicado en el que destaca que «las instalaciones en cuestión cumplen con toda la normativa nacional e internacional y no generan riesgos a su entorno, lo que ha sido corroborado por tres Universidades Nacionales».
El bloque integrado por Héctor Artero, Fernando Casset, Marcela Manno, María de la Paz Elías, Nicolás Quarenta, José Díaz Alfieri, Daniel Curci Castro, Carlos Pedro Pérez, Alejandra Rosso y Javier Casset, emitió un comunicado donde destacó que «a nadie se le escapa la insuficiencia energética que se registra en el país, motivada por la falta de inversiones acontecida durante los doce años del gobierno anterior, lo que se traduce en el padecimiento de importantes cortes de luz cuando se registran altas temperaturas, y la imposibilidad de crecimiento de las actividades industriales y productivas que no pueden expandirse convenientemente».
Y agregaron que «ante tal situación, el Gobierno Nacional dispuso declarar la emergencia del sector eléctrico. Así, se establecieron medidas para solucionar integralmente el problema energético y se convocó al sector privado para que invierta en programas de generación eléctrica».
En tanto señalaron que» la Provincia de Buenos Aires adhirió a la declaración de emergencia nacional, con idéntica finalidad, porque la realidad muestra también insuficiencia del sistema eléctrico en el estado bonaerense. Por eso existe un interés federal, provincial y municipal en la búsqueda de soluciones, como por ejemplo la incorporación de nuevas fuentes de generación de energía que aseguren el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico y garanticen el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica de los usuarios, asegurando el cuidado del medio ambiente». «La verdad es que sin energía no sólo no vamos a crecer; tampoco vamos a generar empleo, ni a poder producir, ni a tener confort en nuestras viviendas, ni iluminación para nuestra seguridad pública.En ese contexto se impulsa la instalación de una planta generadora de electricidad en nuestro distrito, como parte de un programa nacional en materia de energía», añadieron.
«Por otra parte, está claro que –conforme lo establece la legislación nacional- la generación de energía eléctrica constituye una cuestión de competencia federal, ajena a las facultades de los Municipios, excepto en lo que se refiere al lugar de emplazamiento de las instalaciones, aunque aún ese aspecto puede ser resuelto por decisiones provinciales y/o nacionales. Numerosos fallos judiciales reconocen esa condición, y señalan que las autoridades locales no podrán interferir en tales actividades».
«Finalmente: ¿Qué se cuestiona a la decisión de autorizar su radicación?», se preguntaron.
«Que se trata de una actividad contaminante. Ello ha quedado desmentido por los informes de tres universidades nacionales (la U.B.A., la U.N.La Plata, y la U.T.N.) que coinciden en sus conclusiones: se utiliza tecnología de última generación; se cumple con los estándares nacionales e internacionales exigidos por las normas vigentes; existen al menos 8 plantas similares en nuestro país y más de 25 en otros países, sin fallas ni daños al entorno socio-ambiental; tampoco hay riesgos en materia de emisiones acústicas y gaseosas, ni en el aspecto hidro-geológico y efluentes, por lo que cada una de las Universidades concluye que el desarrollo de la Central Termoeléctrica de Luján cumple con todas las exigencias de las leyes y normativas de los distintos Organismos Provinciales y Nacionales de aplicación, considerándose un proyecto viable. Ello sin perjuicio de los controles a cargo de los órganos competentes (requerimientos normales para este tipo de proyectos)», se respondieron.
«Otro cuestionamiento afirma que se ha violado la Ordenanza N° 6224, la que estableció la prohibición de instalar en Luján cualquier industria de Tercera Categoría, grado 3, pues esa norma no se ha derogado y se halla vigente». «Categóricamente debe rechazarse tan temeraria afirmación. Dictar una ordenanza por parte del H.C.D. –en la esfera de sus facultades- haciendo una excepción que implica modificar el criterio de la ordenanza N° 6224 no implica violarla, ni significa que haya que derogarla. Precisamente una excepción se otorga porque la norma que no permite determinada cuestión mantiene su vigencia. Si no, no podríamos hablar de excepciones. Y, para que se entienda bien, si no fuera así, cada vez que el Congreso de la Nación modifica una ley estaría violando la anterior, por lo que los legisladores vivirían violando normas vigentes».
«En otro orden de ideas, la prohibición contemplada en la ordenanza N° 6224 se refiere a las industrias de Tercera Categoría, grado 3, mientras que la que nos ocupa está categorizada como de Tercera Categoría no por su “complejidad ambiental” (que le otorga 25 puntos, por lo que sería de categoría 2), sino por almacenar una importante reserva de combustible», explicaron.
«Queda claro, entonces: Que la instalación de una planta generadora de energía eléctrica es de significativa necesidad para solucionar un problema desatendido por mas de una década. Que las instalaciones en cuestión cumplen con toda la normativa nacional e internacional y no generan riesgos a su entorno, lo que ha sido corroborado por tres Universidades Nacionales. Que la actividad de generación de energía eléctrica no es de competencia municipal sino federal. Que no se ha violado ninguna norma, actuando (tanto este H.C.D. como el D.E.) dentro de sus respectivas facultades legales».
Por lo tanto, siendo que necesitamos crear las condiciones para un futuro de crecimiento y desarrollo, y que sin energía suficiente seguiremos estancados en un pasado de pobreza , apoyamos esta progresista iniciativa.
