La gestión encabezada por Oscar Luciani señaló que “Luján no producirá energía eléctrica”, como título del texto enviado a los medios. En él, relata la sucesión de hechos en torno a las dos ordenanzas aprobadas por el HCD y repudia “el agravio a los concejales” por parte de vecinos en torno a la sesión del lunes pasado.
En el texto el Municipio cuenta que “en el marco de un plan energético lanzado por el Gobierno Nacional, con el fin de garantizar la provisión de electricidad tanto a los sectores industriales y productivos, y a las demás actividades económicas, como asimismo para evitar que las áreas residenciales sufran cortes del servicio, sobre todo en la estación estival, se promovió la instalación de varias centrales de generación de energía distribuidas geográficamente. La ubicación de una de ellas, cuya ejecución fue asignada a la empresa Araucaria Energy S.A., se previó en el Partido de Luján”.
En ese marco, remarca que “Por medio de la Ordenanza N° 6923 el H. Concejo Deliberante autorizó el emplazamiento de esa actividad en el predio previsto para su instalación. Esa norma fue promulgada por el Departamento Ejecutivo y no implicó habilitación ni autorización de funcionamiento, ni eximió a la prestadora de cumplir con todos los requisitos y exigencias que las leyes establecen para su puesta en marcha. Debe destacarse que, a esa altura del trámite, se entendía que la generación de energía eléctrica era, técnicamente, un servicio, no una industria –al no verificarse transformación de materia prima- hasta que el O.P.D.S. provincial la categorizó como industria de tercera categoría”. Y agrega que “Como consecuencia de ello, y de inmediato, el Departamento Ejecutivo dispuso la paralización de las obras, como medida preventiva, disponiendo requerir a dos universidades oficiales que se expidiesen acerca del impacto ambiental y los efectos que podría producir el funcionamiento de la planta termoeléctrica”.
En tanto el gobierno de Oscar Luciani señala que “el pasado lunes 27 de noviembre, el H. Concejo Deliberante sancionó una nueva Ordenanza, bajo el N° 6936 derogando la anterior. Otra vez los legisladores locales – representantes del pueblo- tomaron una decisión en la esfera de su competencia, que puede compartirse o no, pero que –al igual que la anterior- tampoco será vetada por el Departamento Ejecutivo. Así funcionan las instituciones, a partir del conocimiento, de las convicciones, y demostrando comportamientos educados, no falta de respeto. No se desiste de solicitar informes a dos universidades, como se dispuso, pues el aporte de conocimientos enriquece la toma de decisiones”.
Luego en el texto toma posición: “El gobierno municipal viene haciendo enormes esfuerzos por impulsar el crecimiento y el desarrollo del distrito, y jamás actuaría a sabiendas en perjuicio de los vecinos que –piensen como piensen- son los destinatarios de las visibles mejoras obtenidas en los últimos años”. “Deben respetarse todas las opiniones, pero no puede sino repudiarse el agravio a los concejales –o una parte de ellos- que cumplieron su función y asumieron su responsabilidad- en la sesión del 27 de noviembre. Los dirigentes deben ser eficientes en el desempeño de sus cargos, pero el pueblo debe ser respetuoso en sus legítimos reclamos, como lo es mayoritariamente”.
Para finalizar remarca que “Finalmente, la democracia tiene las herramientas necesarias para resolver casi todos los problemas. Sólo hace falta no degradarla con el maltrato, pues las urnas son la voz del ciudadano, la expresión civilizada”.
