Las licitaciones que se pondrán en marcha en el mes de septiembre, y prometen transformar en autopistas tramos de las rutas 3, 5, 7, 8, 9, entre otras.
El monto de los contratos es impactante: $ 100.000 millones. Pero, además, abre una puerta a una nueva manera de hacer obra pública, en la que el Estado se asocia a privados. Son licitaciones que se pondrán en marcha el mes próximo, y que prometen transformar en autopistas tramos de las rutas 3, 5, 7, 8, 9, entre otras.
Los corredores a licitar, hasta ahora, son 9. En el corredor A está la ruta 3 hasta Coronel Dorrego y la 226 entre Mar del Plata y Olavarría. En el B, la ruta 5 de Luján a Santa Rosa. En el C, la 7, en distintos tramos desde, también. Luján, hasta Luján de Cuyo. En el D, la 8 de Pilar a Villa Mercedes. En el E, la 9, entre Campana y Rosario. Otros tramos de la 9 está en el F, junto a parte de la 33 y. En el G está la 12 de Corrientes a Iguazú. En el H, la 9 de Santiago del Estero a Tucumán y Salta. En cada corredor hay otras rutas menores. Y podrían agregarse otros en los próximos días, en la medida que el Gobierno consiga nuevas fuentes de financiación.
El sistema se llama APP, Asociación Pública Privada. Es el régimen que está creciendo en los países en desarrollo a pasos acelerado. Y aquí el Gobierno lo quiere poner en marcha como una forma de seguir impulsando la obra pública sin que el permanente crecimiento de la deuda pública encienda luces amarillas en el sistema financiero internacional. Usarán parte de los impuestos a los combustibles y, en algunos casos, peajes, para repagar la construcción.
“Estamos afinando los detalles para hacer los primeros data room, donde se empiece a discutir los pliegos de licitación, en agosto”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. “Las licitaciones serían en octubre, y los contratos arrancarían en abril del año próximo, cuando vencen las actuales concesiones de los corredores viales”, agregó.
La ley de APP fue aprobada en noviembre pasado y reglamentada en febrero. En esa ocasión, el Gobierno señaló que viabilizaría inversiones por US$ 40.000 millones. En este primer testeo hablan de $ 100.000 millones. Pero habrá una segunda etapa de otras ampliaciones de rutas por $ 50.000 millones adicionales. En total, casi US$ 10.000 millones.
¿Cómo funciona el sistema? El Estado contrata a un privado una obra, que la hace y la financia, y el fisco la paga cuando está terminada, con modalidades diferentes. Aquí se usarán los fondos de una tasa específica para obras que grava a los combustibles.
“Recauda unos $ 10.000 millones por año”, precisa Dietrich. El Presidente Macri tiene a su firma el decreto que le transfiere a Transporte el manejo de la Ucofin, el organismo que controla esos recursos.
Esas rutas, en general, ya tienen peajes. Y se seguirá pagando, con “valores razonables”, dice Dietrich. Esos recursos se usarán para el mantenimiento. Pero en el caso de los tramos de mucho tráfico, que podrían generar excedentes, se usaría parte del dinero del peaje también para repagar las obras.