Ante el inminente vencimiento del Fondo de Seguridad Ciudadana, los concejales del Interbloque Peronista solicitaron información concreta sobre el manejo de los fondos para el combustible antes de avanzar en una nueva prorroga. El destino de la tasa de seguridad que se paga con la boleta de la luz esta bajo sospecha judicial, y no hay certezas para los vecinos lujanenses.
En el año 2014 fue puesta en vigencia la Tasa de Seguridad, y determinada su afectación al cumplimiento del PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA que integra la ordenanza. Este plan define que el principal actor es el Municipio junto con la fuerza policial, muy lejos del rol protagónico que se le intenta dar al Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana.
Asimismo el Plan de Seguridad define los principios e instrumentos que gobiernan la política de seguridad municipal, y en ninguno de ellos se determina como objetivo la afectación de los fondos al financiamiento de combustible para las patrullas policiales.
Además, desde el año 2014 a la fecha, los fondos destinados a financiar las compras de combustible se incrementaron de manera considerable: pasando del 0,89% sobre el total del gasto en 2014, hasta más del 55% en el año 2016. En un solo proveedor (P.A.Y.S Patria Amistad y Servicio) se concentran más del 54,8% del total de los egresos.
«Son públicos los cuestionamientos sobre el manejo de estos fondos, el propio intendente Luciani radicó la denuncia en sede judicial y desplazó de su cargo al entonces Secretario de Seguridad, el Sr. Héctor Navarro. Es el día de hoy que todavía el Municipio no conoce la cantidad de dinero que manda la provincia para el combustible de los patrulleros, ni que pasó con ese dinero denunciado. Las dudas existen, y desde provincia no avanzaron en brindar la información clave«, manifestaron los concejales peronistas.
Con el objetivo de transparentar la cuestión del combustible, los concejales Erica Pereyra, Vanina Pascualin, Facundo Romero y Silvio Martini, presentaron un pedido de información al Ministro Ritondo. El dato de las transferencias para los patrulleros es un elemento central a la hora de realizar un control exhaustivo y pormenorizado sobre más del 56% del total de los gastos que se computan en el Fondo de Seguridad Ciudadana.
«Resulta necesario llevar certezas sobre el manejo y la administración de los fondos públicos, en particular con una tasa cuestionada, que en sus orígenes buscó financiar acciones concretas para llevar tranquilidad a nuestros vecinos», concluyeron los ediles. El tratamiento del proyecto se dará en el marco de la próxima sesión ordinaria, atendiendo el vencimiento que se producirá el 24 de abril.
